Autor: lacanica

Introducción al consumo combativo [La Acción Económica, parte 2][La Acción Económica, parte 1]

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Cada vez hay más personas para quienes comprar es como votar, una elección política. No está mal. La compra alevosa pone en primer plano una cuestión que aterroriza al Estado: el ejercicio de nuestra capacidad de decisión. Nos referimos a un ejercicio diario y real, no cuatrienal ni simbólico. Pero la imagen “comprar es votar” se queda demasiado estrecha desde una perspectiva autogestionaria. La compra es sólo la mitad de un tipo de intercambio de mercado muy concreto, la compraventa, el intercambio capitalista por excelencia. Y el voto es el simulacro de decisión característico de la democracia representativa parlamentaria, el régimen predilecto del capitalismo. En otras palabras, la compra no es más que la reducción capitalista del consumo, del mismo modo que el voto no es más que la reducción estatal de la acción política. La percepción de la compra como voto es sutilmente restrictiva, no induce a pensar en tipos de intercambio no mercantiles ni en procesos políticos que impliquen el libre ejercicio de nuestra capacidad de decisión sin intermediarios.

En contraposición a un llamado “consumo responsable” que sostiene que comprar es votar está apareciendo últimamente un consumo rebelde, amotinado, que defiende que comprar es luchar y que queda vívidamente definido por grupos como La Granada[1]:

El consumo combativo es una revolución a fuego lento, el arte de convertir el potaje de garbanzos en un atentado cotidiano contra toda autoridad.

El consumo combativo es una recuperación de nuestra responsabilidad indelegable de decidir sobre todo lo que nos afecta, una responsabilidad que no estamos dispuestos a transferir a ningún representante político, sindical o religioso.

La Granada es una fruta explosiva. Somos trabajadoras y trabajadoras en lucha contra el Estado y la empresa capitalista, no un club del gourmet o un eco-centro de salud nutricional. Nuestro objetivo es debilitar al Estado y a la empresa capitalista a través de la organización asamblearia del consumo y reforzar al mismo tiempo a los colectivos productivos autogestionados.

Lo que propone La Granada es llevar la guerra de guerrillas a un terreno muy incómodo para el Estado pero transitado cotidianamente por nosotras: la jungla del consumo. El Estado tiene muchos recursos para perseguir a una masa organizada que decida entrar en un Carrefour y arrasarlo pero apenas tiene recursos para perseguir a una masa organizada que decida arrasar un Carrefour por el procedimiento contrario, no entrando nunca en él, ignorándolo. Esta es una de las grandes ventajas del boicot, que puede hacer un daño enorme al capitalismo con una exposición mínima a la represión. Eso sí, nos referimos a un boicot “bien entendido”, tal y como lo describen las compañeras de Debate Anarquista.:

Una acción coordinada para no comprar en una empresa capitalista concreta no daña al capitalismo si nos vamos a comprar descoordinadamente a otras empresas capitalistas. El boicot, bien entendido, es una coordinación del consumo, es decir, la planificación de dónde no vamos a consumir tanto como la coordinación de dónde sí vamos a hacerlo[2].

La simple orquestación de una “no compra” es un boicot a medias, inconcluso, quizá efectivo en campañas reivindicativas puntuales pero carente de profundidad revolucionaria. De aquí surge la idea de la “compra colectiva” como culminación de la “no compra colectiva”, un perfeccionamiento del boicot.

La compra colectiva como arma del consumo combativo puede llegar a hacerse en el mercado capitalista y compartir bastantes de los criterios del consumo responsable, como veremos enseguida, pero la intencionalidad subversiva lo trastoca todo[3]. El consumo responsable puede ser fácilmente recuperado por el sistema, convertirse en un eslogan de marquesina subvencionado por el Ministerio del Buen Rollo; entrar en el temario de Educación para la Ciudadanía; mercantilizarse como el bicarbonato de una clase media urbana con malas digestiones de conciencia o salir en portada del próximo suplemento dominical de El País. Pero el consumo combativo es ya irrecuperable, no tiene remedio. Cada acto de consumo –que no tiene por qué ser necesariamente una compra[4]- es doloso, tiene el punto de mira puesto en la transformación del sistema económico y político.

La compra colectiva como arma del consumo combativo.

[…] no nos contentamos con organizar nuestro consumo de alimentos. Queremos organizar el consumo de toda clase de productos y servicios básicos, de todo lo necesario para la vida. De hecho, aspiramos a una sociedad en que la producción esté determinada por el consumo y no al revés, como sucede bajo el capitalismo.

Entendemos la compra colectiva como una forma de continuar desarrollando nuestra cada vez más desarrollada organización del consumo. Con Karakolas no sólo hemos perfeccionado herramientas sino, más importante aún, estructuras de coordinación y toma de decisiones conjuntas: Redes asociativas que pueden crecer sostenidamente y sin afectar la autonomía de cada grupo integrante.

Las compras colectivas tendrían dos objetivos:

El prioritario, crear “círculos virtuosos autogestionarios”. Se trata de desviar el consumo de todos los productos que podamos a proveedores que no exploten a trabajadores, que se organicen de forma asamblearia como nosotras y respeten nuestros criterios ecológicos. Esta demanda concentrada fortalece a los productores autogestionados, que son entonces capaces de mejorar su oferta a los consumidores autogestionados (ampliando la variedad, mejorando la calidad, ajustando precios, etc.) Y vuelta a empezar en ciclos cada vez más potentes. De esta manera nuestras compras estarían sirviendo directamente para fomentar la economía alternativa que perseguimos.

El secundario, romper “círculos viciosos capitalistas”. Hay multitud de productos de uso cotidiano que todavía no podemos encontrar en la Autogestión y tenemos que comprar al capitalismo (pilas, bombillas, papel, menaje, herramientas, etc.) Nuestra demanda desorganizada de estos productos potencia la lógica productivista capitalista que, regida por la máxima obtención de beneficio al menor costo posible, agrava la explotación laboral, el ecocidio (o destrucción de la naturaleza transformada en recurso mercantil), el control monopolístico de los precios, etc. Cada ciclo, cada rotación de stocks en las estanterías del supermercado, empeora la situación. Con la compra colectiva podemos romper estos círculos viciosos (por ejemplo, mediante la promoción de proyectos autogestionados con el dinero obtenido en los descuentos)…

El texto recién citado está sacado de una ponencia tratada el 24 de septiembre pasado en la Asamblea de Karakolas, integrada actualmente por más de 40 grupos de consumo. Para la última parte, referida a la ruptura de “círculos viciosos capitalistas”, se manejó un trabajo del extinto colectivo Banda Ancha publicado en 2012 bajo el título “La compra colectiva como instrumento de lucha contra el capitalismo”, del que rescatamos los siguientes párrafos:

En el mercado capitalista, toda compraventa es una negociación entre partes contrarias. Llamamos compra colectiva a la compra organizada en red con el objeto de conseguir mayor poder de negociación frente a las empresas capitalistas, la parte contraria. A mayor fuerza de compra, más poder de negociación.

El efecto inmediato de la compra colectiva es el abaratamiento del precio del producto. A las empresas capitalistas les suele salir rentable sacrificar márgenes de beneficio a cambio de volumen de venta. En otras palabras, con la compra colectiva aplicamos el mismo principio que cuando regateamos descuentos con el tendero por comprar tres unidades de un producto en lugar de uno, pero a lo bestia. Obviamente, una compra colectiva orientada sólo a la reducción de precios no hace más que alimentar el consumismo desaforado del que se nutre el capitalismo. De hecho, existen varias páginas de comercio online que obtienen cientos de millones de euros de beneficio anuales por el procedimiento de mercantilizar compras colectivas. Pero nuestra forma de salirnos de este círculo vicioso consumista es donar el beneficio obtenido en la compra colectiva a proyectos sin ánimo de lucro que tengan una intencionalidad revolucionaria. Es decir: invertir el beneficio de la compra en la destrucción del vendedor. Sólo por esto, merece la pena organizar la compra de los productos que compramos desorganizadamente en el Carrefour (bombillas, pilas, papel higiénico, etc.)

Pero hay más. A medio plazo, podremos conseguir mucho más que descuentos mediante la organización de nuestras compras. Podremos intervenir en los procesos de producción y distribución de nuestros proveedores capitalistas, por ejemplo, o en las condiciones laborales de su plantilla asalariada. La simple perspectiva de perder un cliente con un potencial de compra masivo puede obrar milagros en la “responsabilidad social corporativa” de las empresas. La fuerza de compra es el factor principal pero no el único. Hay otros factores que incrementan también nuestro poder de negociación. Un colectivo organizado de consumidoras siempre representa una amenaza mayor para la empresa capitalista porque dispone de más medios de defensa y ataque que la consumidora aislada (cajas de resistencia para sostener acciones jurídicas, impagos coordinados, campañas públicas de desprestigio, boicots, etc.)
Por último, a una escala suficiente, las compradoras organizadas seremos capaces de dar la espalda a las empresas capitalistas y hacer viables proyectos autogestionados que fabriquen bombillas, baterías, paneles solares, etc. Ese momento llegará cuando seamos capaces de financiar los medios de producción necesarios y garantizar la demanda.

La RCC (Red de Compras Colectivas)

En junio de 2015, la RCA acordó impulsar una Red de Compras Colectivas. Paralelamente, por las mismas fechas, Faircoop inició un proyecto muy similar en el marco de su mercado virtual Fairmarket. En julio de 2016, compañeros de la RCA y Faircoop descubren por casualidad que están trabajando en proyectos convergentes e inician inmediatamente una colaboración que acelera el proceso de constitución de una RCC de dimensión internacional. En Madrid, animadas por el impulso, las Asambleas de La Canica y Karakolas acordaron unirse a la RCC el 17 de septiembre y el 24 de septiembre, respectivamente.

Las compañeras informáticas están ultimando la adaptación del software de Karakolas y Fairmarket a una aplicación que tendrá un funcionamiento muy parecido al de una plataforma de crowdfunding. Los colectivos adscritos a la Red podrán realizar propuestas de compras colectivas de un producto a través de la RCC, fijando una cantidad mínima de unidades y un plazo de tiempo para alcanzarla. Si el total de los pedidos no llega a la cantidad mínima en el plazo fijado, la propuesta de compra se considerará rechazada y el dinero adelantado se retornará. Las comunidades usuarias de monedas alternativas podrán establecer intercambios en faircoins, canicas, ecos, etc.

Los contactos con proveedores se han iniciado ya. De hecho, aunque la aplicación no está aún operativa, la RCA ha aprobado una primera compra de 600 kilos de café Rebeldía, producido por cooperativas zapatistas y distribuido por una Asociación solidaria de Barcelona adherida a Fairmarket. La compra se ha efectuado para garantizar existencias de café en 2017, ya que los pedidos a las productoras zapatistas en lucha se hacen anualmente -cada mes de octubre- para facilitar la programación de su temporada. También se está mirando la posibilidad de abrir un canal de importaciones con ERT argentinas (Empresas Recuperadas por los Trabajadores) y con cooperativas textiles de la Rojava kurda, otra de esas regiones del mundo donde se está ensayando la autonomía libre asociacionista, sin Estado ni patrones ni patriarcas. Ya dentro del espacio europeo, las compañeras griegas de la fábrica okupada VIO.ME nos han enviado su catálogo de productos de limpieza, que empieza literalmente así:

Nosotras, las trabajadoras de VIO.ME en lucha, liberadas de los jefes, continuamos resistiendo a pesar de la presión y las maniobras legales que se operan a nuestras espaldas. Nos resistimos como trabajadoras a abandonar la fábrica y perseveramos en nuestra demanda central: Las fábricas, así como toda la riqueza social, deberían ser gestionadas por quienes las producimos.

Por último, la RCC cuenta con la estructura legal necesaria para enfrentarse a los obstáculos burocráticos a los que tendrá que enfrentarse[5]. Aunque la tercera entrega de nuestro serial titulado “La Acción Económica” tratará precisamente de este tema, no podemos evitar la tentación de adelantar un par de apuntes. Sólo los colectivos con poca personalidad confunden su identidad con la de una “persona jurídica” o se identifican con “Números de Identificación Fiscal” (NIF). De las empresas capitalistas hemos aprendido que las personas jurídicas son como los vehículos, las hay de todas clases, para usos deportivos o industriales, para embestir escaparates en los alunizajes o ponerse a salvo después de atracar bancos. Por cierto, una Sociedad Limitada puede ser el escudo instrumental de una Asamblea de trabajadoras y una Cooperativa puede ser la tapadera de una penitenciaría laboral que exprime a miles de trabajadoras[6]. Las escrituras notariales e inscripciones registrales no determinan las relaciones de producción. La explotación laboral es un fenómeno económico, no jurídico, que en el caso concreto del asalariado se da cuando el factor de decisión en una unidad productiva (tienda, taller, bar, almacén, etc.) es el capital y no el trabajo.

Pero todo esto se verá más tranquilamente en el siguiente episodio de “Acción Económica”, si el tiempo y las autoridades lo permiten.

[1] http://lagranada.org/. Grupo de consumo constituido en 2014 y adherido a la RCA.

[2] Fragmento de una propuesta de la D.A. (Debate Anarquista) a la COA (Coordinadora Obrera Anarquista). La D.A. es un colectivo de Madrid adherido a la COA que sintetiza planteamientos del anarcosindicalismo, de donde proviene, con planteamientos del consumo combativo. Por ejemplo, en la misma propuesta citada:
El capitalismo también nos explota a través del consumo, no sólo laboralmente. De hecho, la explotación a través del consumo es imprescindible para mantener a la clase trabajadora en un estado de perpetua dependencia del salario capitalista. Consecuentemente, no plantear batalla al capitalismo en el frente del consumo equivale a reforzar sus posiciones en el frente de la producción
https://adargainfo.com/coaweb/directorio

[3] Incluso la iconografía. El carrito de la compra ya no es una urna rodante donde depositamos votos sino un tanque, como en el logo del proyecto Carro de Combate, que adopta además el lema “¡consumir es un acto político!”
http://www.carrodecombate.com/

[4] Desde una perspectiva autogestionaria, la organización de la compra no sólo es un acto de desobediencia sino el inicio de la transición hacia otras formas de intercambio entre consumidoras y productoras. La transición se opera en distintos niveles. En Madrid, por ejemplo, La Canica ha pasado del intercambio de mercado capitalista al intercambio de mercado mutualista con moneda alternativa. El Nodo de Carabanchel ha dado un paso más adelante, dejando atrás los intercambios mercantiles y ensayando con éxito intercambios recíprocos desmercantilizados, basados en la colectivización de medios de producción. Otros experimentos comunitarios con la propiedad colectiva del producto del trabajo han saltado incluso a formas de intercambio comunistas libertarias, como la “toma del montón” en función de las necesidades de consumo.
http://nodocarabanchel.net/

[5] Destacamos aquí un juguete nuevo aportado por Faircoop. Se trata de Freedom Coop, la primera SCE de la que tenemos noticia. Una SCE (Sociedad Cooperativa Europea) es una figura societaria tan rara que la propia Comunidad Europea tuvo que asignar una partida presupuestaria para darla a conocer, sin mucho éxito. Para constituir una SCE se necesita un capital social de 30.000€ y dos sociedades cooperativas radicadas en dos países distintos de la Unión Europea.

[6] Otro tanto cabe decir sobre cualquier otra documentación legal como, por ejemplo, un contrato de trabajo. No es raro que colectivos autogestionados finjan relaciones contractuales laborales para generar derechos a prestaciones o, al revés, que empresas capitalistas finjan relaciones contractuales mercantiles con sus asalariados para abaratar costes salariales, evadir cotizaciones a la seguridad social, etc.

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Hay mucho escrito sobre la represión policíaca del Estado pero en lo relativo a la represión económica estamos todavía casi en blanco.

La represión se alimenta del miedo. Generalmente, del miedo a ser atacadas, torturadas, enjauladas… La represión económica se alimenta concretamente del miedo a la escasez. Y no hay que desdeñar el poder paralizante de este miedo en sociedades capitalistas occidentales como la nuestra, mal criadas durante décadas en la banalización del consumo y la acumulación espectacular de la mercancía. La amenaza de la escasez es mucho más aterradora para quienes hemos atravesado estos espejismos de abundancia o, más bien, hemos sido atravesados por ellos¹.

No es de extrañar, pues, esta tendencia reciente a la agudización de la represión económica, que el Estado español ha cronificado con la conversión de tipos penales en tipos administrativos de la “ley mordaza”². Lo primero que nos dice este cambio de penas por multas es que la represión económica funciona por lo menos igual que otras clases de represión, cuando no mejor. Ningún Estado modifica una táctica represiva sin asegurarse de que cumple con eficacia sus objetivos, que son principalmente dos: disuadir y distraer. Disuadir al mayor número posible de personas de que se asocien y organicen para luchar contra él. Distraer a las Asociaciones Libres de su actividad normal. Las Asociaciones Libres están dilapidando recursos materiales y miles de horas de militancia en la consecución de fondos para el pago de multas, fianzas, etc. Peor aún: no sólo pierden el tiempo en una actividad defensiva que les distrae de su actividad normal sino que el fruto de esta actividad revierte directamente en el reforzamiento del enemigo, el Estado, que recauda por esta vía del pago “voluntario” o por la vía ejecutiva de embargos millones de euros. El beneficio es aún mayor si se restan de la cuenta de pérdidas y ganancias del Estado los gastos de manutención por recluso que éste deja de soportar cada vez que un ingreso en prisión se conmuta por una multa³.

En resumen, la represión económica disuade y distrae pero además fortalece al Estado, que extrae de ella un beneficio con el que financia más equipamientos, sueldos e infraestructuras represivas. Sólo por esto, un estudio de la represión económica que hemos postergado durante demasiado tiempo era acuciante. Pero hay más. La resistencia a la represión económica estatal, tan poco explorada, está llena de posibilidades. El violento latrocinio estatal está resquebrajando esa imagen mitológica del Estado como organización depositaria del bien público, ocasionando que cada vez más personas se deslicen de un sentirse legitimadas a eludir el pago de multas a un sentirse legitimadas a eludir el pago de impuestos. Los actos legítimos de desobediencia económica se afianzan además por el descubrimiento de nuevas formas de resistencia. Muchas personas que se quedaron en la ruina, sin nada, y están aplastadas por deudas que nunca podrán pagar han descubierto fortuitamente la “insolvencia”, lo más parecido a la invulnerabilidad contra la represión económica. La mayor ventaja de una ruina sobrevenida accidentalmente (es decir, por el expolio depredador de bancos, Estado, etc.) es que la siguiente ruina ya no nos cogerá por sorpresa, incluso se puede programar. La programación de la ruina, que en el argot legal se conoce como “insolvencia punible”, es una táctica de elusión de pagos a acreedores que los usurpadores de los medios de producción y las plusvalías llevan practicando siglos⁴. Las Asociaciones Libres están empezando a incorporarlas ahora en su arsenal para sus propios fines de clase revolucionaria⁵.

Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Las Asociaciones Libres están precipitando la insolvencia de sus asociadas mediante la titularización societaria de propiedades particulares, usando personas jurídicas instrumentales como Asociaciones o Cooperativas. Pero lo que comienza como un mero cambio de titularidad de la propiedad se convierte a menudo en un cambio real de régimen de propiedad. Las Asociaciones libres no se conforman con una titularidad colectiva que no es más que el disfraz de una propiedad privada sino que, ya puestas en faena, se atreven a ensayar usos distintos de la propiedad (colectivistas, comunistas, comunalistas, etc.) Estos experimentos con el régimen de propiedad no se inician sólo por un cambio circunstancial de la titularidad. Las Asociaciones traen ya un rodaje previo en el uso compartido de comida, ropa, libros, etc, a través de redes de apoyo mutuo. Y este entrenamiento en la colectivización de objetos de consumo ha generado la confianza necesaria para dar el paso siguiente a la colectivización de medios de producción. Es todo un proceso. Y no sólo operativo, también narrativo. La miseria ha espoleado el debate sobre las causas y los agentes de la miseria. La represión económica del Estado y las crisis inducidas cíclicamente por el capitalismo transnacional han provocado un cambio de perspectiva, una comprensión menos resignada de los mecanismos de dominación. Como en todo proceso revolucionario, es difícil decir cuándo se está haciendo “teoría de la práctica” o “práctica de la teoría”. Por ejemplo, se subvierten las relaciones de propiedad casi al tiempo que se explica la necesidad de subvertirlas. Los ejercicios prácticos con la insolvencia programada o con la okupación llevan a un mejor discernimiento teórico de conceptos como “titularidad” y “uso”. Cuando hablamos de propiedad privada o propiedad colectiva, ya no nos referimos a la titularidad, ese artificio estatal⁶, sino al uso que las personas y colectivos hacemos de ella. Puede haber propiedades de titularidad privada y uso completamente colectivizado y al revés.

Estos procesos de transformación colectiva, esta práctica revolucionaria entrelazándose con su teoría, rompen los esquemas de una represión económica diseñada para atemorizar a individuos considerados como propietarios privados de bienes de consumo y de medios de producción. En tanto que propietarios privados, el Estado nos puede atacar secuencialmente, de uno en uno, depositando multas y notificaciones de embargo en cada buzón. Pero los ataques económicos contra una Comunidad tienen que enmarcarse ya necesariamente en actos de guerra⁷, sin careta, y estas son situaciones que el Estado procura evitar dentro de sus fronteras porque la guerra a cara descubierta destruye esa imagen sagrada de institución cuya existencia es apriorística, está fuera de toda discusión. El eterno antagonismo entre el principio de no delegación de las Asociaciones Libres y el principio de autoridad representativa del Estado se desvela en los conflictos comunitarios, momentos en que su misma razón de ser queda expuesta al escrutinio público y, por lo tanto, momentos de máxima vulnerabilidad. Para sobrevivir, el Estado tiene que impedir a toda costa el proceso por el que se hace evidente su inutilidad: la unión libre asociacionista. En otras palabras, tiene que recurrir constantemente a la división, empezando por la división de La Tierra en parcelas numeradas y separadas por cercas⁸. Una propiedad cerrada modela una mentalidad cerrada. La mentalidad de propietario privado es individualista, desconfiada, nerviosa. Su supervivencia no depende de las relaciones sociales solidarias sino de la acumulación de bienes de consumo y medios de producción. Por eso tiende a acaparar y a estar en estado permanente de alerta, puesto que los demás son competidores, intrusos o ladrones en potencia. Sin embargo, los terrores nocturnos a la escasez desaparecen cuando el propietario privado, individuo reprimido y aislado, pasa a ser un individuo libremente asociado, un “copropietario” que cuenta con el respaldo solidario de su Red de Apoyo, su Cooperativa, su Comuna, etc. El cambio en las relaciones de propiedad afecta directamente a las relaciones de producción, por estar ambas íntimamente ligadas. La jerarquía empresarial es intrínseca a la propiedad privada de los medios de producción. Pero a la propiedad colectiva de los medios de producción le corresponde una toma de decisiones colectiva: la Asamblea.

En conclusión, urge encarar la lucha contra la represión económica por las dos razones apuntadas: Primero, es un tipo de represión que está dando excelentes resultados al Estado y que se está intensificando en las sociedades del “primer mundo”, donde el capitalismo nos explota a través del consumismo tanto o más que a través del productivismo. Segundo, la resistencia está llena de posibilidades; ofrece nuevas técnicas como la insolvencia programada, la constitución de sociedades instrumentales, la insumisión fiscal, etc., y tiene un gran potencial para subvertir las relaciones capitalistas de producción y propiedad. Si la propiedad privada modela un cerebro de propietario jerárquico, egoísta e insaciable, la propiedad comunal puede modelar un cerebro de propietario libertario, solidario y satisfecho.

Aparte de estas dos importantes razones añadiremos una ventaja complementaria: Las técnicas de resistencia a la represión económica están mucho menos penadas que las técnicas de resistencia a la represión policiaca porque los tipos delictivos en que se incurre son propios de la clase empresarial y política, no de la clase obrera. Falsificación de documento mercantil, alzamiento de bienes, apropiación indebida, insolvencia punible, fraude fiscal… El Estado no puede endurecer la persecución o las penas de estos tipos delictivos porque estaría perjudicando los intereses de clase que defiende. Esta es la causa, por ejemplo, de que los mecanismos de inspección fiscal sean tan deficientes. En realidad, el 90% de los ingresos de Hacienda por el IRPF provienen de las rentas de los trabajadores que son detraídas directamente de sus salarios por una clase empresarial que actúa de recaudadora de impuestos del Estado.

Es obvio que la represión del Estado se opera en connivencia con una clase empresarial que requiere los servicios de seguridad que éste le provee para protegerse de los amotinamientos de la masa esclava asalariada⁹. En lo que atañe exclusivamente a la economía, por no desviarnos del tema del artículo, podemos hablar entonces de una opresión económica que englobaría a la represión estatal y la explotación empresarial y que se manifiesta en forma de impuestos, multas, embargos, desalojos, inspecciones, usurpación de medios de producción, apropiación de plusvalías, paro, emisión y distribución de moneda fiat (obligatoria), etc., etc.

Esta opresión económica que sentimos en el pecho y nos dificulta la respiración es el síntoma inconfundible del capitalismo. Es cierto que el capitalismo ha infectado todo el tejido social y, por lo tanto, tiene que ser combatido en todos los ámbitos imaginables de la vida: pedagógico, psicológico, filosófico, erótico, marcial, sanitario, ético, artístico… Pero no es menos cierto que la lucha en el ámbito económico es tan importante como las anteriores, probablemente más, porque al fin y al cabo el capitalismo es una enfermedad que irradia desde la economía. Peor aún, el capitalismo es un sistema económico que lo ensucia todo de economía mediante un proceso llamado “mercantilización”: el amor, el juego, la sonrisa de un niño, un trago de agua, la tierra, un atardecer… Cualquier cosa. Pero barrer el capitalismo de la escuela y del consultorio médico es como quitar chapapote de las playas y de las alas de las gaviotas: un voluntarismo inútil si no se va a la causa del vertido. En otras palabras, no vale de nada desmercantilizar la educación o la sanidad si no desmercantilizamos también la economía. El capitalismo es ante todo un sistema económico, luego hay que poner otro sistema económico en su lugar. Y esto requiere conocimientos económicos, estrategias económicas, instrumentos económicos.

A esta lucha específica en el ámbito de la economía para combatir el capitalismo -en sus dos vertientes estatal y empresarial- la hemos llamado “acción económica”. La acción económica es una acción directa, sin árbitros, de clase revolucionaria. Las Asociaciones anarcosindicalistas, por ejemplo, llevan siglo y medio de experiencia en acción económica. Sus métodos de lucha tradicionales -la huelga, el boicot, el sabotaje- están expresamente pensados para atacar a los núcleos de la economía: la producción, la distribución y el consumo. Sus objetivos no pueden ser más económicos: subida del precio del trabajo, control de los procesos productivos y la gestión administrativa… Eso, en primera instancia. En segunda instancia, la reapropiación de los medios de producción y de lo producido. Y siempre con un fin último en la cabeza: el comunismo libertario, un sistema económico alternativo al capitalismo. Lo chocante es que ni siquiera el anarcosindicalismo, cuyo carácter es eminentemente económico y donde son frecuentísimas las alusiones a la “acción directa”, la “acción sindical” o la “acción social”, tiene un apartado en sus textos reservado a la “acción económica”. La omisión es demasiado llamativa como para ignorarla. No es momento de entrar en las causas del lapsus pero es inevitable lamentar una de las consecuencias: nos tememos que una de las razones por las que casi nadie cae en la importancia de una “acción económica” es que no hay un término coloquial o técnico para referirse a ella. Así, aunque no descubrimos nada nuevo con esto de la “acción económica”, pensamos que el solo hecho de ponerle nombre y explicarla mínimamente puede suponer un avance en la lucha por la emancipación. Y en esas estamos. En próximas entregas, si el tiempo y la autoridad lo permiten, entraremos con más detalle en casos concretos de acción económica.

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